La UCE advierte de los problemas de telefonía tras recibir un avilesino una factura de 800 euros

No se pueden hacer publicaciones de denuncias sobre estos temas tildandolas como "excesos" que hacen las compañias telefónicas sobre los servicios premium de sms, hay que llamarlas ROBO a manos llenas, abusos, indefensión,atropello, servicios temerarios,atraco,atraco, atraco etcc. yo en mi caso no di autorización a nadie para que me atracaran a manos llenas 80 euros o 50 ya no me acuerdo, porque me llegaban mensajes dos al día sin que yo hubiese solicitado nada ni mucho menos autorizase nada, a mi hija de 12 años le agotaron la tarjeta de prepago, en fin los ATRACADORES DE GUANTE BLANCO, ahora están legitimados y se esconden detrás de grandes compañías que son el sustento industrial y de servicios de nuestro gran pais, menuda mierda de legisladores y de policias de cumplimiento de las leyes, eso sí no te cagues en la madre que lo pario a cualquier persona en la cara porque vas a la cárcel, o no dejes de pagar tu hipoteca porque sino igualmente a lo mejor irás también a la cárcel. como la frase que me dijo un amigo el otro dia España no te reconozco.

Totalmente de acuerdo con David Marcos.

No se puede denominar "exceso" a lo que es una estafa y que, además, se perpetra utilizando dispositivos informáticos.

No estamos hablando de una hecho que ocirra de forma aislada. Es una práctica sistemática que supone detraer mucho dinero de las economías privadas para entregarlo a no se sabe muy bien quien.

Lo que existe es una sobreabundancia de normas en una materia en la que lo más sencillo sería lo más eficaz: Obligar a la prestadora del servicio premium a emitir su factura independiente de la de la operadora que presta el servicio de telefonía y exigir que, como en cualquier obligación, la prueba de esta incumbiese al que exigía su cumplimiento. Con esto se acababan los problemas, pero el Ejecutivo tiene otras prioridades.

La UCE, OCU y demás, en vez de sar tan complacientes, lo que deberían es de informar y exigir un cambio normativo o, por lo menos, intentar que la Fiscalía llevase a cabo una intervención decidida en esta materia.

Mientras eso no se haga nos seguirán estafando (pues eso es la estafa una disposición patrimonial a favor de un tercero motivada por un engaño) con la anuencia del Estado y de las demás administraciones que, además, se ven en la necesidad de hacer gastos adicionales para atender a los afectados por esos abudos (alguien se ha preguntado cuanto gasto le supone a una OMIC el tener que atender todos los días varias consultas y reclamaciones por esos motivos?.)